Breve introducción a los principios contables en España

Para muchos, la sola mención de la palabra “contabilidad” ya provoca pavor. Sin embargo, sin ella sería imposible tomar decisiones a largo plazo, estar al corriente de la salud de la empresa o contratar a un nuevo empleado. Por otro lado, tampoco sería fácil presentar las cuentas anuales en el Registro o informar a la Agencia Tributaria de las ganancias y los impuestos soportados, ambas obligaciones ineludibles para cualquier empresa. A lo largo de la historia del comercio, y como fundamento de la actividad mercantil, se han establecido de facto procederes, normas y criterios que forman parte de la actividad cotidiana de los contables.

Estas normas o principios de contabilidad, asumidos y extraídos de la propia práctica contable, aun sin contar con un texto que los consolide o los sintetice, han sido recogidos y avalados por instituciones con autoridad reconocida, constituyendo un corpus teórico de apoyo a los profesionales de la contabilidad en el proceso de elaboración de informes y en la interpretación de hechos contables.

En el ámbito español, es el Plan General Contable (en adelante, PGC) el documento que recoge, en su marco conceptual, los seis Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y establecidos en el art. 38 del Código de Comercio, en los PGC y sus adaptaciones sectoriales y normativa por razón de sujeto contable, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y en cualquier otra legislación aplicable. Para aquellos países sin una regulación concreta son vigentes los estándares IFRS (International Financial Reporting Standards). La razón de ser de estas normas contables generalmente aceptadas es obtener un retrato fiel de la empresa, de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados en sus cuentas anuales o informes financieros (cuenta de resultados, balance general, etc.), que han de ser relevantes, fiables, verificables, comprensibles, cuantificables y obtenibles (PGC, marco conceptual). En otras palabras, la contabilidad ha de registrar y organizar los hechos contables de forma que para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sea posible obtener una visión general y real del estado financiero de una empresa. A continuación, detallamos los principios y las normas que rigen la contabilidad en territorio español, como son el de empresa en funcionamiento, el de devengo, el de uniformidad, el de prudencia, el de no compensación y el de importancia relativa.

En contabilidad se parte de la presunción de la continuidad de la empresa en el futuro, porque de lo contrario no sería posible hacer ciertas estimaciones necesarias, como son la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil (pérdida de valor de un inmueble que es propiedad de la empresa, por ejemplo). Esto es lo que se conoce como principio de empresa en funcionamiento. En el caso contrario, cuando se sabe que la empresa será liquidada en un futuro cercano, se aplican otras reglas y principios porque, cuando se liquida una empresa, en los libros se presentan los activos por el valor por el que puedan ser liquidados. Según este principio, la aplicación de los criterios contables no tiene como objetivo determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión ni el importe resultante de su liquidación.

Este principio regula el registro de los gastos y los ingresos. Según el principio de devengo, los ingresos y los gastos se anotan en el momento en que tiene lugar el intercambio comercial o la realización de un determinado servicio. Esto quiere decir que el importe por la venta de una mercadería se incluye en los estados financieros cuando se realiza la venta, aun cuando se cobre tres meses después. De la misma forma, los gastos se reconocen cuando se producen, no cuando se realiza la transferencia.

Una vez la empresa ha adoptado un criterio o un método de valoración para elaborar los estados financieros, dentro del marco permitido, no puede variarlo a lo largo de los años, a no ser que cambien las condiciones por las que se aceptaron en su momento. Y no solo se ha de mantener uniforme en el tiempo, sino que también debe aplicarse de la misma forma para todos los procesos y eventos. Si cambiara el contexto y con ello se tuvieran que abandonar los criterios adoptados, se ha de añadir una nota en la memoria anual en la que se explica la incidencia de esta variación en las cuentas anuales.

Tradicionalmente los contables se han regido por cierto conservadurismo, en el sentido de reflejar los eventos con prudencia para no inflar los datos. Esto quiere decir que cuando el importe de una transacción pueda ser reflejado por dos valores, se escoge generalmente el inferior, con el objetivo de no excederse en optimismo respecto de los hechos contables. Esto obedece a la necesidad de que los estados financieros reflejen con veracidad a la empresa, aun en un contexto de incertidumbre. No obstante, y tal y como se recoge en el Plan General Contable para Pymes, “la prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales” (punto 3 del marco conceptual), es decir, que aun siendo necesario, no se puede utilizar este principio como excusa para una estimación falsa.

Este principio de prudencia valorativa también se aplica a la hora de contabilizar los beneficios de la empresa, pues en los estados financieros se han de registrar los obtenidos hasta el cierre del ejercicio sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 bis del Código de Comercio. No así los riesgos, que pueden tener origen en otros ejercicios y se han de reconocer en el momento en que se conocen, incluso con los estados ya elaborados, en cuyo caso se procede a una reformulación si afectan de forma significativa a la “foto de familia” de las cuentas anuales.

Este principio prohíbe compensar unas cuentas con otras y establece la obligación de valorar cada cuenta de forma separada, a no ser que una norma establezca lo contrario. Más específicamente, esto significa que no se puede compensar una partida de activo con una de pasivo en el balance general, ni gastos con ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues son partidas diferentes. Si se hiciera, se perdería información muy importante y no se lograría retratar fielmente y con veracidad el patrimonio, la situación financiera ni los resultados de la empresa.

Este principio establece que la aplicación de algunas normas contables puede omitirse cuando se trate de eventos que no poseen una importancia significativa para la empresa ni alteran la foto final. En los casos de conflicto entre principios, tiene prioridad el que mejor represente el estado del patrimonio, de las finanzas y de los resultados de la empresa.

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 8) se recogen las medidas que se deben adoptar en caso de incursión en errores en la elaboración de los informes financieros. Puede darse el caso de descubrir errores aritméticos, de aplicación de principios contables, de interpretación de hechos económicos, de omisiones, etc., en estados financieros previos ya aprobados. Si el error tiene un efecto importante en los estados financieros de varios ejercicios entonces no pueden considerarse fiables ni veraces y estos errores son considerados por la NIC como “errores fundamentales” que han de subsanarse cuando se conocen en cualquier caso, sea antes de elaborarlos o después. Cuando no se aplican correctamente los principios contables y se detectan registros falsos o faltan datos, es posible que se devuelvan para corregir el error o que el organismo competente los solucione mediante estimaciones. Esto podría tener como consecuencia una estimación errónea de la base imponible o incluso penalizaciones.

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