Las formas jurídicas de empresa en España

Solo las sociedades mercantiles adquieren personalidad jurídica, así como las sociedades civiles en determinados casos, como veremos más adelante. Los empresarios individuales y las comunidades de bienes no se consideran personas jurídicas. En su caso, los titulares de los derechos y las obligaciones son las personas físicas que actúan como propietarios o societarios.

Tradicionalmente suele distinguirse entre el Derecho privado y público en función de si el Estado participa en la relación jurídica entre los entes o no. Si solo participan entes privados o particulares se trata de entidades regidas por el Derecho privado, las cuales, a su vez, pueden perseguir fines de lucro o no. Se integran aquí las sociedades civiles y las mercantiles como entidades con fines lucrativos y las sociedades corporativas y las fundaciones como aquellas sin fines económicos.

A continuación, pasamos a detallar las formas más comunes de formas jurídicas de Derecho privado con fines de lucro.

La sociedad civil está constituida por dos o más personas que pueden aportar capital (socios capitalistas), en cuyo caso se encargan de la gestión y comparten tanto ganancias como pérdidas, o trabajo (socios industriales), los cuales no se encargan de la gestión ni se responsabilizan de las pérdidas a no ser que se establezca lo contrario. Se rige por el Código de Comercio y el Código Civil y puede tener personalidad jurídica o no en función de si sus pactos son públicos (sociedad civil pública) o secretos (sociedad civil privada). Si una sociedad civil solicita un NIF, la Agencia Tributaria entiende que se manifiestan como sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades y entonces tienen personalidad jurídica. En este caso, se constituye por documento público ante notario. Si los pactos son secretos, entonces se rigen por las disposiciones propias de la comunidad de bienes y se constituye mediante contrato privado entre las partes. La responsabilidad de los socios capitalistas es ilimitada pero no hay un requisito mínimo de aportación de capital. Si no tiene objetivos mercantiles, entonces la tributación recae sobre los socios a modo individual, que tendrán que tributar por el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no residentes, según corresponda.

Para un emprendedor, decidirse por fundar una sociedad en lugar de establecerse como empresario individual puede depender de varias variables. Cuando hay un mínimo de dos socios, una sociedad es la forma más adecuada, pero también puede fundarse una sociedad anónima o limitada unipersonal, en la cual todo el capital está en manos de una sola persona. Pero el emprendedor también debe considerar si necesita financiación bancaria, porque algunos bancos pueden exigir como condición que la empresa tenga el estatus societario, o si se espera obtener grandes beneficios, porque las sociedades pagan menos impuestos a más beneficios (siempre y cuando se reinviertan en la empresa), por mencionar solo dos de los factores que influyen en la elección de la sociedad como forma jurídica de una empresa.

En España los tipos de sociedad mercantil más habituales son la sociedad anónima, la limitada, la colectiva y la comanditaria, que detallamos a continuación:

La popular SL es el tipo de empresa más frecuente en España porque puede fundarse con una sola persona (sociedad limitada unipersonal, SLU), ajustándose así a los requerimientos de una pyme; el capital mínimo (de 3 000 €) no es tan elevado como en una anónima (60 000 €), y los socios no responden con sus bienes privados, sino solo por el capital aportado. El capital social está dividido en participaciones que no se transmiten libremente, sino que se prioriza a los accionistas, lo que puede convenir si no se desea la entrada de terceros en la empresa.

Para un empresario individual, el aumento de los beneficios por encima de los 40 000 euros significa una reducción de los impuestos a pagar (también puede deducirse como gasto el propio sueldo de la base imponible), motivo por el cual, y aprovechando la tarifa plana para establecerse como autónomo, muchos empresarios comienzan su actividad como empresario individual y pasan a constituirse como sociedad limitada cuando los beneficios aumentan de forma estable.

En 2003 se introdujo la forma de la sociedad limitada nueva empresa (SLNE) para facilitar la creación de sociedades mercantiles a los pequeños emprendedores, pero no ha tenido la repercusión esperada. Y eso a pesar de garantizar ciertas ventajas fiscales, como los aplazamientos en el año de su constitución o la gestión telemática de la burocracia relativa a la constitución, que se lleva a cabo en 48 horas. Esta forma jurídica limita el número de socios a cinco y la aportación de capital a los 120 000 euros (partiendo de un mínimo de 3 000).

Por su parte, la nueva forma de sociedad limitada de formación sucesiva (SLFS), nacida en 2013 con La Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización e inspirada en otras reformas llevadas a cabo en Alemania o Bélgica, se diferencia únicamente de la SL en que no requiere un capital mínimo para su constitución, lo que facilitaría la creación de empresas. La condición es aportar de forma paulatina este capital mínimo, lo que acabará convirtiendo a la empresa en una sociedad limitada. Mientras lo hace, está sometida a una serie de obligaciones para garantizar su autofinanciación.

La segunda forma jurídica más utilizada en España se caracteriza porque el capital aportado por los socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas y no responden personalmente por las deudas sociales, se divide en acciones. Estas acciones pueden transmitirse libremente, a diferencia de como ocurre en una sociedad limitada. Su constitución se formaliza por escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil con la denominación de Sociedad Anónima o S.A. Al tributar por el Impuesto de Sociedades, tiene que solicitarse su NIF en la Agencia Tributaria. Las ventajas de fundar una sociedad anónima radican en que pueden ser unipersonales, la responsabilidad se limita al capital aportado y no hay límite máximo de socios. Pero, como contrapartida, los trámites de constitución son más complejos, el capital mínimo es elevado (60 000 euros) y no evita la implicación de personas ajenas a la empresa.

En la sociedad cooperativa las personas que la constituyen son al mismo tiempo trabajadores y propietarios de la empresa. De carácter democrático y asambleario, la cooperativa de trabajo asociado tiene por objeto garantizar puestos de trabajo a las personas naturales asociadas, que pueden cotizar en la Seguridad Social bien por el Régimen General, bien por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aunque todos por igual.

Pueden darse dos tipos de cooperativa:

• la de primer grado, en cuyo caso se necesita un mínimo de tres socios,
• o la de segundo grado, que se constituye a partir de dos cooperativas.

El capital mínimo que ha de aportar cada socio se define en los estatutos y cada socio responde por su aportación suscrita. Las cooperativas cuentan con ciertas ventajas, como las bonificaciones fiscales por el Impuesto de Sociedades, o ciertas garantías frente a subvenciones y ayudas (capitalización del desempleo, por ejemplo), pero su carácter asambleario dificulta la toma de decisiones y la burocracia administrativa para su constitución es algo farragosa.

Las empresas que se constituyen con esta forma jurídica siguen un concepto similar al de la hoy no muy común sociedad colectiva, un tipo de asociación personalista en la que los socios tienen un papel central ya que no solo invierten capital, sino también trabajo. La diferencia con la sociedad comanditaria radica en que en este caso se añade al socio colectivo la figura del socio comanditario que solo aporta capital pero no interviene en la gestión de la sociedad. Esto resulta una ventaja porque, si bien para constituir una sociedad comanditaria no se requiere un mínimo de inversión, puede accederse al capital de personas ajenas a la sociedad que, eso sí, han de aceptar no poder participar en votaciones ni en decisiones administrativas. Otra desventaja afecta a los socios colectivos porque su responsabilidad ante las deudas sociales es ilimitada, frente a la de los socios en comandita, que solo responden por el capital aportado.

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