Las claves del derecho afín para los editores de prensa

La nueva directiva sobre derechos de autor en la Unión Europea ha despertado un acalorado debate entre posturas muy dispares. Esto se debe, sobre todo, a la propuesta relativa al nuevo derecho afín para los editores de prensa, si bien es cierto que las disposiciones relativas al filtrado de contenido previa publicación en la Red tampoco han sido del agrado de todos. Mientras que muchos editores consideran que con la nueva directiva podrían ver reconocidos sus derechos en lo que ahora consideran un vacío legal, las posturas más críticas temen que la aprobación de la directiva limite la libertad de comunicación en Internet. Tras una primera votación sin mayoría, los Estados miembros de la UE, la Comisión y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre un texto final de reforma que pone fin al debate en torno a los derechos de autor en la Unión Europea. Pues, efectivamente, los puntos más controvertidos no se han resuelto todavía: ¿en qué consiste este nuevo derecho afín para los editores de prensa? ¿A qué se debe la polémica en torno al tema? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

La reforma de los derechos de autor (la normativa anterior databa de 2001) en el mercado interior digital ha sido protagonista de (acaloradas) discusiones. Dos puntos se sitúan especialmente en el foco de la atención pública: se trata de los artículos 11 y 13 del borrador de ley. El primero afectaría al derecho afín para los editores de prensa, mientras que el segundo, entretanto convertido en el artículo 17, obligaría a las plataformas online a supervisar el contenido antes de su publicación para comprobar si infringe los derechos de autor, lo que, según sus críticos, podría implicar la utilización de filtros automáticos.

El acuerdo final se ha visto precedido por protestas de gran repercusión. Más de 100000 personas llevaron su desacuerdo con la reforma a la calle y la edición alemana de la Wikipedia dejó de ofrecer su servicio por un día como señal de protesta. Pese a todo, el Parlamento Europeo se decidió por la vía de la reforma con 348 diputados a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Tras la aprobación formal del Consejo, los Estados miembro cuentan ahora con dos años para aplicar la directiva en su derecho nacional.

En julio de 2018, y seguido con gran interés por la opinión pública, el primer borrador ya se sometió a votación en el Parlamento Europeo, que lo acabó rechazando. Dos meses más tarde y después de algunos cambios que se hicieron visibles, sobre todo con la eliminación del término “upload filter”, el Parlamento aceptó el texto provisional en una segunda votación que resultó en 438 votos favorables, 226 en contra y 39 abstenciones.

Con todo, la ley no estaba aprobada aún, puesto que el borrador pasó a negociarse a tres: los enviados del Parlamento Europeo, la Comisión y los Consejos de los Estados miembro se pusieron entonces de acuerdo en una versión final que finalmente debía pasar aún por el Parlamento Europeo. Ya entonces se levantó una oleada de voces críticas, representada por los millones de personas que firmaron una petición online posicionándose en contra.

El derecho afín tiene como objetivo evitar que los extractos de noticias o artículos completos publicados por las editoriales se utilicen en otras páginas de forma gratuita. La directiva establece que un gestor de páginas web tendrá que pagar un determinado importe a los editores si quiere reunir contenido ya presente en la web y enlazarlo a su página, mostrando en vista previa el titular original o un texto breve del artículo real.

Para España, se toma como ejemplo la plataforma Menéame. Cuando un usuario accede a las noticias de su interés, encontrará una vista previa con los titulares de diferentes artículos que han sido compartidos por otros usuarios, acompañados de un pequeño fragmento de texto. Estos proceden de diferentes fuentes, entre las que se encuentran los periódicos online. Hay quienes lo consideran ventajoso, pues al hacer clic sobre el enlace en cuestión, los usuarios acceden directamente a la fuente de la noticia, lo que puede llevar a aumentar el número de lectores del periódico en cuestión y darlo a conocer, generando más tráfico. Sin embargo, el que incluya el titular de la noticia original y un texto pequeño de esta es considerado en ocasiones como una desventaja, pues se teme que los usuarios se limiten a captar la información mostrada en el portal, sin hacer clic en el enlace para leer el artículo completo.

Pero Menéame es solo un ejemplo de los diferentes portales en territorio español que reúne noticias de otras fuentes. Se puede encontrar también:

• Yahoo Noticias
• Newstral
• Flipboard
• Reddit
• Los lectores RSS

Aunque con la actual directiva sobre derechos de autor es posible tomar medidas contra la publicación no autorizada de artículos completos en Internet, esta no contempla la vista previa de textos cortos y titulares integrados desde las fuentes originales de información. Es por eso que editores y redactores se han podido sentir desamparados ante el uso no autorizado de su contenido por terceros. Este es el vacío que el nuevo derecho afín para editoriales de prensa pretende solventar. Además del contenido, la nueva directiva también hace referencia al uso de imágenes de vista previa de contenidos editoriales utilizadas en los artículos.

Las posturas con respecto al derecho afín para las editoriales de prensa son muy variadas. Por un lado, encontramos colectivos como la Asociación Europea de Agencias de Noticias (EANA) a favor de la implantación de la directiva, mientras otros, como la Asociación española de editoriales de publicaciones periódicas (AEEOPP), no está de acuerdo con la reforma.

Muchos editores denuncian la falta de protección de la propiedad intelectual de páginas web en Google y otros buscadores. A diferencia de las producciones del mercado musical o cinematográfico, argumentan que a nivel europeo existe un vacío legal en lo que respecta a las aportaciones editoriales, vacío del que se sirven los portales de Internet y los agregadores para realizar su actividad. Estos quitan a los editores importantes ingresos en publicidad y se consideran responsables, en parte, del acelerado descenso de la venta de periódicos y revistas, lo que consideran que puede poner en peligro un periodismo independiente y de calidad.

Los opositores a la implantación del nuevo derecho afín afirman que los editores ya cuentan con la posibilidad de proteger su contenido de los agregadores, pues los derechos de autor se aplican también a los textos editoriales. Además, consideran que resulta muy sencillo controlar la indexación de una página web en el directorio de Google con, por ejemplo, el archivo robots.txt en el servidor web.

Según su punto de vista, el derecho afín para las editoriales de prensa no es más que un impuesto a los hiperenlaces del que solo se benefician las grandes editoriales, sin que el autor real, esto es, el periodista, participe de los ingresos. Además, el hecho de que haya que abonar una cantidad concreta por usar pequeños extractos de texto y titulares también es un limitador de la libertad de información y comunicación, perjudicando a los pequeños editores de contenido, como blogueros, o a periodistas independientes.

Incluso hay editoriales que no están de acuerdo con la implantación del nuevo derecho afín impulsado desde la Unión Europea, pues consideran que tanto Google como el resto de agregadores de noticias son canales importantes para atraer la atención de los usuarios hacia un artículo concreto y aumentar el tráfico.

En 2015 entró en vigor en España el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que incluía, entre otros puntos controvertidos, el canon AEDE, también conocido como tasa de Google. Con él, se trataba de cobrar a agregadores y a otras plataformas de información por el uso de enlaces de terceros. Google Noticias, cuya actividad se veía amenazada por este canon, cerró su servicio en España, provocando que los ingresos por publicidad de periódicos y revistas online se desplomaran. De hecho, el gigante de Internet no plantea volver hasta que dicho canon sea eliminado. No obstante, para quienes están en contra del canon AEDE, la sentencia del Tribunal Supremo en abril de 2018 ofrece algo de esperanza. En ella, se anulaba la Orden ECD/2574/2015, una orden ministerial en la que se establecían las tarifas que había que pagar por el uso de contenidos de terceros.

Muchos defensores del nuevo derecho afín para editores consideran que una ley estatal que ampara a editores no es suficiente para erradicar el problema, pues estas leyes solo afectan a un sector muy limitado del mercado actual. Es decir, las leyes que regulan el derecho afín en un estado concreto, no pueden hacer presión para que los gigantes de Internet cambien sus políticas. De ahí la necesidad de una solución a nivel europeo.

La implantación del nuevo derecho afín en la Unión Europea podría tener varias consecuencias. Una de las más importantes es la disminución de la oferta de información a ciudadanos europeos, ya sea porque se reduzca la cantidad de noticias que pueden ser incluidas en Google y otros agregadores, ya porque las revistas y los redactores de blogs con menos recursos no puedan enlazar contenido de forma gratuita.

La experiencia ha demostrado que, con toda probabilidad, estas medidas no son la solución adecuada para proteger al periodismo independiente. En muchos casos, produce incluso el efecto contrario, pues eliminan los ingresos de los periódicos. Los detractores no solo denuncian una excesiva burocratización de Internet, sino también el fortalecimiento de los grupos de medios con más recursos. Además, consideran que, al reducir la posibilidad de utilizar enlaces, también se limita la libertad de intercambio de opiniones en Internet.

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